Nuevo zar anticorrupción promete firmeza contra funcionarios deshonestos

OAXACA.-El pleno de la legislatura local de Oaxaca designo con 27 votos a favor, a Jorge Emilio Iruengas Álvarez como nuevo zar anti corrupción, con lo que se fortalece la legislación impulsada por el gobernador Alejandro Murat para acabar con los tiempo de la opacidad y el dispendio en el uso de los recursos públicos.

El nuevo fiscal Especializado en Materia de Combate a la corrupción tendrá de se lado un novedoso ordenamiento y ley para actuar con firmeza contra todos aquellos servidores públicos que cometan actos deshonestidad.

El nuevo fiscal anticorrupción Iruengas Álvarez se comprometió a ser incorruptible, y dijo que su actuación será firme y apegada a la ley.

Antes anunció una reestructuración orgánica de la Fiscalía, además de trabajar en la autonomía financiera y presupuestal, para investigar y perseguir hechos de corrupción.

“Ver la corrupción y no hacer nada, es no tener valor, tengamos el valor y compromiso suficiente para hacer de Oaxaca, el gran referente”, aseveró.

Iruengas Álvarez, es licenciado en Derecho por la Universidad de las Américas y cuenta con una maestría en Derecho Internacional. Ha trabajado en la Procuraduría General de la República (PGR) y en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca.

FISCAL DE DELITOS ELECTORALES
Por otra parte y con severos cuestionamientos la legislatura local aprobó con 23 de 42 diputados la designación Esther Araceli Pinelo López como nueva fiscal Especializada en Delitos Electorales.

Morena y PRD critican su imposición y la vincularon con el ex secretario general de Gobierno Alejandro Avilés, quien operaba una red negra de tipo electoral para cometer fraudes electorales.

Ademas cuestionaron que Pinelo López fue asesora de la Diputada Federal Priista Yolanda López Velasco, madre de la Secretaria particular de Luis Videgaray actual canciller de México.

En su defensa Pinelo López precisó que al frente de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, cumplirá con el principio de generar seguridad y certeza jurídica y paz en los procesos electorales del Estado, conductas que se regulan en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Fuente: Fotonoticias

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